México, EU y la "papa caliente" del tráfico de armas

En agosto pasado, el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció una acción legal sin precedentes, al demandar a 11 empresas fabricantes de armas de origen estadounidense por supuestamente ser culpables de permitir el tráfico a nuestro país, lo que ha desencadenado en una ola de violencia. La demanda, presentada por el canciller Marcelo Ebrard, señala que los armeros de Estados Unidos favorecen la venta sin control de armas de todo tipo, incluído armamento de alto calibre, mismo que es enviado a territorio mexicano y usado por los cárteles del crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia a cargo de dicho litigio, explicó que el argumento central es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas, incluso en ataques contra autoridades. Además de que promueven la venta al público en general destacando las características militares de sus armas, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se revisan los antecedentes del comprador u origen del arma.

En respuesta, los 11 fabricantes de armas solicitaron que la demanda presentada en su contra por el gobierno mexicano fuera desechada, argumentando que se trata de un intento de la administración de López Obrador para deslindarse de su responsabilidad en el combate al crimen organizado, culpándolos por el tráfico de armas cuando es el gobierno mexicano el que debería responsabilizarse por eso.

Armeros estadounidenses también acusaron que con esta acción legal, México pretende “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal”. Se espera que el próximo 23 de enero el gobierno mexicano envíe su respuesta ante la solicitud para desechar su denuncia, mientras que antes de que concluya ese mismo mes un juez de la corte federal de Massachusetts definirá si continúa o no con el proceso legal.

La empresa Barrett fue una de las que consideró que toda la responsabilidad es de México: “todas las acusaciones surgen de actos de criminales que compran armas ilegalmente, que las introducen de contrabando a través de la frontera entre México y Estados Unidos, que las entregan ilegalmente a otros criminales que forman parte de cárteles del narcotráfico y que después abusan de esas armas de manera criminal en México”.

México vs armeros, así va el proceso legal

Mientras que esta denuncia presentada por México ha sido motivo para que el canciller Marcelo Ebrard sea nominado como “persona del año” por una organización civil que lucha contra el uso de armas, será hasta el próximo mes de enero de 2022 cuando se sepa si esta demanda podrá llegar a juicio.

Así ha sido el proceso de la demanda desde que fue presentada en agosto pasado: 4 de agosto : Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que México presentaría una demanda contra 11 empresas fabricantes de armas de Estados Unidos por su supuesta negligencia que favorece el tráfico ilegal hacia nuestro país. Explicó que la demanda civil de daños pretende “ que las empresas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes ”, y agregó que el monto que deberán pagar los armeros como reparación del daño será determinado en el juicio. Autoridades mexicanas aseguraron que los fabricanetes de armas incurren en prácticas que permiten que se comercien armas de alto poder que luego son traídas a nuestro país y usadas en ataques contra elementos de las fuerzas de seguridad, en disputas entre cárteles e incluso en agresiones contra la población. De acuerdo con cifras del gobierno mexicano, entre el 70% y el 90% de las armas que son recuperadas en escenas del crimen fueron traficadas desde Estados Unidos.

En la presentación de la demanda estuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal, el diputado Ignacio Mier, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, el fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen, y la especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros. Foto: SRE 20 de agosto : La corte federal de Massachusetts aceptó la demanda que interpuso México contra diversas empresas fabricantes de armas, con lo que dio inicio de manera formal el proceso legal contra los armeros estadounidenses. El canciller Ebrard explicó, mediante un mensaje compartido en sus redes sociales, que una vez admitida la demanda, los fabricantes de armas serían notificados acerca del proceso en su contra. Las empresas que fueron señaladas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son:

• Barrett Firearms Manufacturing
• Beretta Holding
• Beretta USA
• Century International Arms
• Colt’s Manufacturing Company
• Glock Ges.m.b.H
• Glock Inc
• Interstate Arms
• Smith & Wesson
• Sturm, Ruger & Company
• Witmer Public Safety Group

17 de septiembre : La corte de Massachusetts definió el calendario para que las empresas productoras de armas pudieran presentar su respuesta a la demanda interpuesta por México, a?i como para que el gobierno mexicano, a través de la SRE, respondiera dichos argumentos. La corte estadounidense definió el 22 de noviembre de 2021 como la fecha límite para que las empresas acusadas dieran una primera declaración ante el proceso que se pretende iniciar en su contra; mientras que la cancillería tendría hasta el 31 de enero de 2022 para responderles. Ese mismo día, el juez Dennis Saylor de la Corte Federal de Massachusetts, aceptó la solicitud de las 11 empresas denunciadas para actuar en conjunto durante el proceso en su contra.

22 de noviembre : Este día, las 11 empresas fabricantes de armas presentaron ante el juez Saylor sus argumentos para solicitar que se deseche la demanda en su contra interpuesta por el gobierno de México. En su respuesta, los armeros argumentaron que con esta acción el gobierno encabezado por López Obrador pretende deslindarse de su responsabilidad por no poder controlar el avance del crimen organizado en el país, acusándolos por permitir que las armas lleguen a territorio mexicano. También aseguraron que cumplen con todas las regulaciones estadounidenses para la fabricación de armas, por lo que acusaron a México de intentar ”imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadounidenses”. Luego de recibir la respuesta de las 11 empresas, el juez Dennis Saylor estableció una nueva fecha para que la SRE respondiera a la petición para desechar la denuncia, fijándose para el 23 de enero, ocho días antes de la que había dado en un inicio. Cuatro días después, el 27 de enero de 2022, se llevará a cabo la audiencia en la que el juez definirá si el proceso continúa o es desechado.