Giran órdenes de aprehensión contra otros 10 involucrados en caso de Inés Gómez Mont

El caso contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga continua dando de qué hablar y es que en las últimas horas un juez brindó órdenes de aprehensión contra 10 funcionarios que habrían estado involucrados en la investigación contra la presentadora. Cabe recordar que el caso, apodado “ Querubines ”, involucra el desvío de al menos 2 mil 950 millones de pesos, los cuales fueron asignados desde la Secretaría de Gobernación a diversas empresas fantasma durante el sexenio pasado.

De acuerdo a las indagatorias, el despacho de abogados de Álvarez Puga habría funcionado como enlace con el fin de que dichas cantidades de dinero fueran transferidas a una red de empresas. Por este motivo, la Fiscalía General de la República investiga los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. El Ministerio Público solicitó a un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en el Estado de México las órdenes de aprehensión contar diez antiguos funcionarios encargados de operaciones de los Centros de Readaptación Social federal.

Entre ellos figuran Eduardo Guerrero Durán, que fue comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación social (OADPRS), así como Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración del mismo organismo y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales. Otras personas buscadas por las autoridades son Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS , Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico y Héctor Osvaldo Zorrilla.

Las demás órdenes de aprehensión son contra Yaneli Eunice Delgado, Jesús Reyes Orta Sierra, Armando Montes y Ricardo Contreras. En caso de que estas personas sean detenidas, no alcanzarán la libertad bajo fianza, ya que los delitos por los cuales son buscados permiten la prisión preventiva oficiosa.

Con información de SDP y La Jornada. Te puede interesar:

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